Moreno: concejales libertarios impulsan un narco test obligatorio para funcionarios
El bloque de La Libertad Avanza presentó una iniciativa que busca implementar exámenes toxicológicos en distintos niveles del Estado local, incluyendo el Ejecutivo, el Concejo Deliberante y organismos descentralizados.
MORENO
En el municipio de Moreno, gobernado por la intendente ultra kirchnerista, Mariel Fernández, concejales de La Libertad Avanza avanzaron con un proyecto de ordenanza que propone someter a funcionarios públicos a controles toxicológicos obligatorios. La medida también abarca a integrantes del Concejo Deliberante, autoridades del Juzgado de Faltas y entes descentralizados.
La propuesta fue elaborada por la edil, Ingrid Flessa, quien plantea la realización de estudios como la rinoscopia para quienes ocupen cargos jerárquicos dentro del Departamento Ejecutivo, el cuerpo legislativo local y otras dependencias del municipio.
En los fundamentos del proyecto, se establece que toda persona que ejerza funciones públicas “debe carecer de adicción a drogas ilegales”, al tiempo que remarca la necesidad de garantizar que quienes ocupen estos roles cuenten con condiciones físicas y psicológicas acordes a la responsabilidad de sus tareas.
En ese sentido, el texto detalla que la iniciativa alcanza “desde la intendenta/e y todos los funcionarios/as con cargo de Secretarios/as, directores/as, coordinadores/as, las autoridades de entes descentralizados (IMDEL, IDUAR), autoridades del Juzgado de Faltas, concejales/as, etc.”, ampliando el alcance a toda la estructura estatal local.
“Es un proyecto que propone algo muy simple pero muy importante. Idoneidad y Ética pública en el estado. Quienes tenemos la responsabilidad de tomar decisiones que afectan la vida de miles de vecinos, tenemos que hacerlo con claridad, responsabilidad y transparencia. La política tiene que dar el ejemplo. Por eso este proyecto propone controles y requisitos claros para quienes ocupamos cargos públicos”, aseguró el diputado provincial Ramón Nene Vera, oriundo de ese distrito del conurbano.
Asimismo, la concejal indicó que la autoridad de aplicación podría ser un hospital público o una institución privada mediante convenio. En ese marco, explicó que el examen toxicológico de orina será obligatorio y contemplará dos muestras “A y B”, debidamente firmadas y selladas. “Si resultara positivo, la persona tiene diez (10) días hábiles para recurrir a la contra prueba (frasco B) acompañado por un perito”, añade el proyecto.